Autonomía de la Banca Central en México / Tomo V: La autonomía institucional
Author: Eduardo Turrent
Date: 2015-11-13T06:00:00+00:00
Publisher: Banco de México

Autonomía de la Banca Central en México

Visión histórica

Tomo IV

Ecos del exterior

Agustín Carstens

Gobernador

Roberto del Cueto Legaspi
Manuel Ramos Francia
Manuel Sánchez González
José Julián Sidaoui Dib
Subgobernadores

BANCO DE MÉXICO

EDUARDO TURRENT
Supervisión del proyecto

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Investigación histórica y dirección del proyecto

ANTONIETA CRUZ
Coordinación editorial

ANTONIETA CRUZ
GERMÁN GÓMEZ
Investigación iconográfica

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Edición, diseño y preprensa

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Diseño gráfico y editorial

LUCERO VÁZQUEZ TÉLLEZ
ROSALINDA RESÉNDIZ PADRÓN
Formación

REBECCA OCARANZA
AVRIL MARTÍNEZ
Corrección de textos

GREGORY DECHANT
Traducción

MARÍA ESPERANZA ZOREDA LEE
Supervisión de la traducción y edición

LIDIA CASTRO RAMÍREZ
Transcripción de textos

LUIS EKIRO
GERARDO PEÑA TORRES
Imágenes Banco de México 2012

Agradecemos el apoyo brindado por las siguientes instituciones:
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Centro de Estudios Monetarios
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Subgerencia de Coordinación de Archivos
Subgerencia de Numismática y Comercialización

Las reproducciones de las imágenes de billetes empleadas para ilustrar la presente obra cuentan con autorización de la SHCP mediante oficio UBA/DGABM/1339/2005 de fecha de noviembre de 2005.

Primera edición, 2012

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La autonomía institucional

Reformas hacia el mercado

En diciembre de 1982, cuando tomó posesión el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, México se encontraba en una situación de crisis económica severa. Por desgracia, al estado de crisis económica se sumaba una circunstancia grave de efervescencia política acompañada de fuertes presiones sociales. Relata Miguel de la Madrid en sus memorias, que la crisis económica tenía origen en causas de dos tipos;[1] primeramente, en desequilibrios y problemas de naturaleza estructural cuya gestación había sido prolongada y se remontaba a décadas atrás. La otra causa provenía de “doce años de malos manejos económicos”, en el transcurso de los cuales se habían deteriorado en forma profunda los fundamentos de la estabilidad macroeconómica. Una de las principales consecuencias de la política económica expansionista y desestabilizadora que se había aplicado durante los dos sexenios anteriores era el excesivo endeudamiento con el exterior.

Necesariamente tuvo que instrumentarse un cambio de rumbo en la estrategia económica y un ajuste fiscal de gran magnitud dada la exorbitante magnitud, con respecto al PIB, que había alcanzado el déficit. Por desgracia este ajuste fiscal no fue suficiente y ello condujo a las autoridades a recurrir, en buena medida, al financiamiento inflacionario.

En esa reorientación adquirió prioridad un programa de estabilización dirigido a combatir la inflación, que había llegado a niveles altamente perjudiciales. Pero en paralelo hubo que abordar otros problemas cuya atención no podía posponerse. Si se quería que la estabilización tuviera posibilidades de éxito tendría que venir acompañada de un esfuerzo de saneamiento fiscal. Sin embargo, una revisión cuidadosa de las finanzas públicas reveló que el déficit fiscal tenía un importante componente estructural por el número tan grande de empresas y entidades públicas que operaban con números rojos. Así, la tarea de sanear las finanzas públicas se complementó con un programa para la desincorporación de empresas y entidades públicas que puso en ejecución el gobierno de Miguel de la Madrid desde 1985. También en la agenda de esa administración quedó plasmada con carácter de impostergable la necesidad de renegociar la deuda externa, pública y privada, que en su forma vigente resultaba imposible de pagar. El otro capítulo —muy sobresaliente— del esfuerzo de reforma estructural durante la presidencia de De la Madrid fue el inicio de la apertura comercial mediante la adhesión de México al GATT.

Por necesidad y nuevas convicciones, los esfuerzos de reforma estructural se continuaron e incluso se fortalecieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Aunque durante la presidencia de Miguel de la Madrid se realizaron dos renegociaciones de la deuda externa lográndose sólo reestructuraciones, la renegociación definitiva con el otorgamiento de quitas se consiguió hasta el sexenio siguiente, siendo secretario de Hacienda Pedro Aspe. Asimismo, los avances logrados durante el sexenio delamadridista en materia de desincorporaciones se continuaron con renovado vigor durante la administración siguiente. De hecho, fue en el periodo de 1988-1993 cuando se llevaron a cabo las privatizaciones más complicadas. De lo realizado en materia de reforma estructural durante el sexenio salinista destaca en particular el programa de desregulación que con tanto éxito se llevó a cabo desde la Secretaría de Industria y Comercio. Por último, también con la participación primordial de esa entidad, otro gran logro se consiguió cuando a finales de 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los gobiernos de México, los Estados Unidos y Canadá. Parecía el fin de fiesta perfecto que auguraba el advenimiento de una época rebosante de progreso y éxitos. Desgraciadamente no sucedió así, empezando por el gran desplome de la balanza de pagos y cambiario que ocurrió a finales de 1994.

El combate a la inflación tuvo prioridad en los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid. Una decisión que indudablemente resultó de inmensa ayuda en este ramo fue el nombramiento de Miguel Mancera al frente del Banco de México. Su ubicación en ese cargo brindó credibilidad y confianza a las acciones de la política monetaria y coadyuvó a conseguir avances importantes que luego no pudieron sostenerse. Los principales instrumentos para el esfuerzo estabilizador delamadridista fueron las políticas monetaria y fiscal. La política cambiaria no siempre contribuyó a la desinflación. Con un esquema de desliz decreciente para el tipo de cambio se buscó ir debilitando las presiones alcistas, pero hubo fuertes presiones, a veces exitosas, para acelerar el desliz con el argumento de que el tipo de cambio estaba sobrevaluado o debía evitarse que se sobrevaluara. De igual manera, a la vez de proteger el empleo, el gobierno buscó que la política salarial no resultara en contradicción con la estabilización que se buscaba conseguir. Una política que en su momento pareció entrar en contraposición con el esfuerzo de desinflación fue la relativa al ajuste de los precios y tarifas del sector público. La administración delamadridista recibió esos precios y tarifas con un retraso muy grande respecto a sus referencias internacionales. Su actualización resultaba imprescindible para la finalidad de sanear las finanzas públicas, pero en su momento esos ajustes no fueron comprendidos ni bien recibidos por la opinión pública.

Con grandes dificultades el esfuerzo de estabilización del gobierno de Miguel de la Madrid obtuvo sus primeros resultados positivos en 1983 y 1984. La inflación se redujo de 100 a 80 por ciento en 1983, y en 1984 se consiguió bajarla aún más, a 59 por ciento. Sin embargo, ese círculo virtuoso no pudo continuar. Al menos tres causas dieron al traste con ese programa inicial de estabilización. La primera, de menor importancia relativa, tuvo que ver con las dudas que surgieron desde 1984 en el seno del gabinete económico respecto la intensidad que debía imprimirse al saneamiento del gasto público. Esas dudas se concretaron en un cierto debilitamiento de la disciplina fiscal. Con todo, no fue ése el factor fundamental del descarrilamiento. El primer impacto brutal al programa de estabilización derivó de los sismos que asolaron la Ciudad de México en septiembre de 1985. Los gastos de emergencia en los que tuvo que incurrir el gobierno para ayudar a los damnificados causaron un gran deterioro de las finanzas públicas. Pero la fortuna adversa no terminó ahí. Durante 1986, cuando 70 por ciento de las exportaciones mexicanas provenía de productos petrolíferos, el precio internacional del petróleo se desplomó a la mitad. Presupuestalmente y en la balanza de pagos dicho impacto fue equivalente a que se duplicara la deuda externa. Para acomodar tan desfavorable choque, entre otras medidas se acordó aplicar un desliz rápido al tipo de cambio. En el ámbito de los precios esa medida causó una inflación de aproximadamente 160 por ciento en 1987.

Los terremotos de septiembre de 1985 y posteriormente el desplome de los precios del petróleo durante 1986, fueron acontecimientos muy dañinos para México y dieron desafortunadamente lugar a la suspensión de los esfuerzos de estabilización que se habían iniciado desde 1983.

Aún en medio de ese contexto tan desfavorable la administración de Miguel de la Madrid decidió perseverar en los programas de cambio estructural que se había planteado. Un lugar muy trascendente en ese orden lo ocupó el Programa de Desincorporaciones que incluía operaciones de privatización de empresas públicas. Las razones que se esgrimieron para justificar este programa fueron las siguientes: a) fortalecer las finanzas públicas, b) eliminar gastos y subsidios sin justificación social o económica, c) asignar las tareas productivas generales al sector privado y d) mejorar la eficiencia en el sector público mediante el expediente de compactar el tamaño y la estructura del sector paraestatal, política en la que tuvo un papel fundamental el que no permanecieran en el sector público empresas con pérdidas grandes y continuas. En el orden funcional en dicho programa se consideraron operaciones de cuatro tipos: liquidación, fusión, transferencia y venta al sector privado. De acuerdo con ese esquema, de 1983 a 1988 el gobierno realizó a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 595 operaciones de desincorporación que quedaron distribuidas de la siguiente manera: liquidaciones o cierres, 291; fusiones, 72; transferencias, 25, y ventas al sector privado, 204.[2] Entre los méritos de ese programa se encuentra el de haber roto un tabú estatista muy arraigado en México, según el cual las empresas del gobierno son intocables pues constituyen la propia encarnación de la soberanía nacional.

La otra gran reforma estructural de la administración delamadridista tuvo que ver con la apertura de México al comercio internacional mediante el ingreso al GATT. En los tiempos de José López Portillo ya había tenido lugar un intento de adhesión a ese acuerdo que, finalmente no convencido, el primer mandatario declinó apoyar. Ya en el sexenio siguiente, probablemente esa posibilidad se estuvo analizando en el gabinete económico aunque no existe registro público de las deliberaciones. Desde el punto de vista administrativo la solicitud de México para ser parte del gatt se presentó en noviembre de 1985 utilizando como base el protocolo que existía desde 1979. Las negociaciones que se desarrollaron a continuación para llegar a un protocolo definitivo se llevaron a cabo principalmente con el gobierno de los Estados Unidos. Un cronista de ese acontecimiento puso en relieve la paradoja que significaba que, a pesar de que México buscaba “ingresar al gatt para integrarse plenamente al sistema multilateral de comercio”, la negociación se hubiera concentrado con su vecino del norte.[3] Finalmente, en el protocolo de adhesión al gatt que se suscribió, México obtuvo el tratamiento normal que se les concedía a los países en desarrollo y el arreglo entró en vigor en julio de 1986.

¿Para qué se buscó el ingreso de México al gatt? Mediante esa reforma el gobierno de Miguel de la Madrid rompió con una tradición proteccionista vigente en México por siglos. Lo hizo con gran valentía y determinación y sin temor a que se cumplieran los augurios catastrofistas que predecían quiebras masivas cuando empezara a operar la apertura comercial. Nada de eso ocurrió, por supuesto, pero cabe reflexionar sobre las motivaciones que llevaron a la adopción de esa importante medida de cambio estructural. Había que partir de que la industrialización lograda por México a lo largo de décadas de promoción sufría de un intenso sesgo antiexportador. A ese fenómeno específico había que agregar los males tradicionales que acarrea el proteccionismo en todas las latitudes: precios más altos para los productos, calidad insuficiente y menos variedad para el consumidor. Ante la necesidad de exportar para poder pagar la deuda externa, resultaba obligado forzar la remoción del sesgo antiexportador que pesaba sobre la planta productiva. En el largo plazo la apertura comercial también atraería mayor inversión extranjera directa e induciría una asignación más racional de los recursos productivos.

Dos actores clave en la renegociación de la deuda de 1988-1989: el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady y el secretario de Hacienda de México, Pedro Aspe.

Continuar la lucha contra la inflación fue una prioridad para la administración de Salinas de Gortari. Sin embargo, la estrategia a la que se recurrió para ese fin se había preparado y puesto en operación durante las postrimerías del régimen de Miguel de la Madrid. Esa estrategia se concretó en el mecanismo puesto en vigor a principios de 1988, que en su momento se conoció como “el pacto” y el cual consistió, en términos técnicos, en un modelo mixto de estabilización. Así, la parte ortodoxa de la estrategia se integró con el compromiso de aplicar políticas monetaria y fiscal de corte restrictivo. La parte heterodoxa se conformó con la concentración social. Dentro de esa concertación, el sector público ofreció un comportamiento congruente del tipo de cambio con las metas de inflación que se acordaran; el compromiso del sector empresarial fue el correspondiente respecto a los precios de los bienes y servicios y el del sector laboral fue en relación con los salarios.[4] Así, con base en ese esquema que contemplaba la participación de toda la sociedad en los esfuerzos de estabilización, se consiguió ir venciendo la inercia inflacionaria y reducir la inflación en forma gradual, de 159 por ciento en 1987 a alrededor de siete por ciento en 1994.[5]

Una acción clave conseguida durante el despegue del sexenio salinista fue la renegociación definitiva de la deuda externa. Como ya se ha mencionado durante el periodo de Miguel de la Madrid se realizaron dos renegociaciones aunque sobre pautas tradicionales. En esa época todavía sonaba a herejía en los oídos de los bancos la tesis mexicana de la corresponsabilidad en el surgimiento de la deuda y, por tanto, en que su solución requiriese de un sacrificio por parte de los acreedores en la forma de quitas sobre el principal —o ajustes equivalentes en tasas de interés, u otros conceptos— y una extensión generosa de los plazos. Por su parte el gobierno de México ofrecería a los bancos garantía de que se pagarían los adeudos en su totalidad. La garantía de pago sobre el principal se ofreció a través de los bonos Brady los cuales, a su vencimiento, cubrirían la totalidad del saldo. El pago de los intereses se garantizó mediante contrato y se realizaría presupuestalmente acorde con un calendario preestablecido.[6]

Un gran alivio para la administración de Salinas de Gortari fue haber concretado la renegociación de la deuda externa. Dado ese paso, dicha administración estuvo ya en posibilidad de concentrar su músculo reformador en tres programas que se presentaban como fundamentales e indispensables: la continuación y la conclusión del programa de desincorporación de empresas y entidades públicas, el programa de desregulación y la profundización de la apertura comercial que finalmente llevó a la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993. Ya se ha visto que la política de privatizaciones fue puesta en marcha con gran habilidad política y éxito práctico por el gobierno de Miguel de la Madrid. Con todo, cuando este presidente concluyó su mandato quedaba mucho por hacer en dicho frente. En breve, estaban pendientes de realización las operaciones de desincorporación más complicadas. En términos generales la política de privatizaciones del régimen de Salinas se puede separar en dos grandes capítulos. En el primero se ubican las desincorporaciones de empresas de servicios, industriales, comerciales y mineras, como Teléfonos de México, Mexicana de Aviación, las mineras Cananea y Real del Monte y Dina Camiones. El segundo capítulo fue el relativo a la privatización de los bancos comerciales.

Suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la imagen, de pie, los mandatarios de México, los Estados Unidos y Canadá, Carlos Salinas, George H. W. Bush y Brian Mulroney.

En su momento el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, enunció un decálogo de principios —guía para llevar a cabo el programa de desincorporaciones de la administración salinista—. En el primer punto se planteó que las empresas que se privatizaran debían entrar a mercados con competencia. En la segunda se estableció que un programa de privatizaciones no podía llevarse a cabo con éxito sin un ambiente de estabilidad de precios. También se acordó que ese programa debía siempre mantenerse bajo control de la autoridad; que en algunos casos era preferible una quiebra que una venta y que para desincorporar ciertas empresas públicas previamente era necesario reestructurarlas. A las anteriores, Aspe agregó otras cuatro reglas fundamentales. Había que privatizar siempre con pago en efectivo, debía desplegarse creatividad en el uso del financiamiento, así como mantener informada a la sociedad y manejar con mucha prudencia los ingresos provenientes de las desincorporaciones. Por último, debía explicarse que un programa de desincorporaciones conduce siempre a tener un gobierno más efectivo.

La desincorporación de los bancos comerciales, que habían sido expropiados en 1982 por el presidente José López Portillo, fue la última desincorporación realmente importante que llevó a cabo la administración de Carlos Salinas de Gortari. Ese programa se volvió después tristemente célebre por el desenlace de quiebra en el que cayeron la mayoría de los bancos privatizados a raíz de la crisis económica en que se sumió la economía mexicana en el gozne de 1994 y 1995. Tan importante fue el programa de privatización que, para llevarlo a cabo, se decidió crear una unidad administrativa específica: el Comité de Desincorporación Bancaria. Dicha entidad llevó a cabo la desincorporación de los bancos estatizados con apego a reglas concretas: a) contribuir a la conformación de un sistema financiero más equilibrado, competitivo y eficiente; b) garantizar una participación diversificada en el capital de las instituciones, así como su control por inversionistas mexicanos; c) promover la descentralización de las operaciones bancarias y obtener un precio justo por las entidades, que deberían venderse de acuerdo con avalúos realizados con criterios técnicos. Así, entre junio y octubre de 1991 se privatizaron ocho entidades bancarias, entre las cuales figuraron Bancomer y Banamex. El precio promedio de esas privatizaciones se ubicó en 2.8 veces el valor en libros.[7]

Vientos de reforma y modernización soplaban en México. En la Secretaría de Industria y Comercio se abrió un espacio para que un funcionario joven —Arturo Fernández—, rebosante de ideas innovadoras sobre la organización de los mercados, pudiera poner en ejecución sus propuestas de renovación. Sorprendentemente, el diagnóstico era muy sencillo. La reglamentación gubernamental de los mercados internos había sido durante muchas décadas propicia para la conformación de estructuras monopólicas u oligopólicas, para prácticas que daban excesiva direccionalidad a las autoridades y, por tanto, propiciaban la corrupción, y para costumbres operativas contrarias a la transparencia y a la rendición de cuentas. Paradójicamente la posición doctrinaria del Estado emanado de la Revolución había sido favorable a esos esquemas pro monopólicos, arbitrarios y opacos. Pero el fenómeno había también padecido de un trasfondo intelectual o burocrático. Antes del sexenio de Salinas de Gortari nadie en el sector público, tampoco ninguna pluma del sector académico, había mostrado la clarividencia —aunque la tuviera— para diagnosticar este problema y menos proponer su modificación. El conformismo con el statu quo que había funcionado muy imperfectamente desde hacía tiempo, operaba como una especie de velo para ocultar taras económicas evidentes en la economía de México.

El secretario de Hacienda Pedro Aspe que brindó todo su respaldo a la reforma de 1993 por la cual se otorgó autonomía al Banco de México.

En parte la claridad para visualizar que las taras regulatorias tenían inmovilizados a algunos sectores provino del programa de privatizaciones. En ese programa se planteó la inconveniencia de pasar a manos privadas empresas gubernamentales, con el resultado de que operaran como monopolios protegidos por la regulación. Éste fue el caso en particular en cuanto a las empresas aéreas y a ferrocarriles; desde la planeación se esbozó la necesidad de bajar las barreras de entrada a fin de inducir servicios de mayor calidad y precios más reducidos. Esta materia de la regulación de los mercados es difícil y la propia inadecuación de la terminología ha contribuido a su insuficiente comprensión. Por principio, el vocablo desregulación resultó impreciso y desorientador para la idea que deseaba aplicarse. La realidad es que no se trataba de remover la regulación en los mercados mediante una simple desregulación, sino de adecuar esa regulación a fin de propiciar mayor competencia, transparencia y, por tanto, beneficio para los consumidores. En México parecía que la regulación de los mercados se había expedido de espaldas al bienestar de las grandes mayorías. Aparentemente, el único factor en consideración —tal vez por razones políticas— habían sido los intereses de los proveedores de los bienes y servicios en los mercados regulados, o unos supuestos intereses populares no muy bien definidos.

La política de desregulación encontró en particular campos propicios en los sectores del autotransporte de carga, autotransporte federal de turismo y pasajeros y operación de puertos y ferrocarriles. En todos esos ejemplos la nueva regulación se expidió con la finalidad de erradicar prácticas monopólicas y permitir mayor competencia. Así en el ramo del autotransporte de carga, rompiendo una tradición de más de 50 años, se restableció en julio de 1989 la libertad de tránsito en las carreteras federales y el derecho a ofrecer en competencia los servicios correspondientes. La finalidad fue, por supuesto, reducir los precios en el mercado y ofrecer a los usuarios mayor competencia y libertad de elección. Por su parte el marco legal para el autotransporte federal de turismo y pasajeros fue modificado en marzo de 1990. La intención de la reforma fue también bajar las barreras de entrada para dar lugar a mayor competencia en el sector. Esta última reforma se aprobó para el sector del autotransporte. En tanto, las reformas para modernizar la operación de los puertos se iniciaron a mediados de 1991. En esos esfuerzos se incluyó también al sector de los ferrocarriles, en el cual al haber condiciones de monopolio natural la normatividad debía conducir a la finalidad de lograr que operaran en condiciones de competencia.[8]

La Unidad de Desregulación, encabezada por Arturo Fernández, logró que se modificara la regulación en varios otros sectores clave de la economía mexicana. Éste fue el caso de las líneas aéreas, las aduanas, las telecomunicaciones y algunos ramos importantes de la industria manufacturera. En general en todos esos ejemplos la motivación fue propiciar la competencia y elevar la transparencia, además de beneficiar mediante ello a los consumidores. Así, a principios de los noventa se expidieron reformas adicionales para liberar la administración de los esquemas de licenciamiento de patentes, marcas y secretos industriales. Con esa misma intención se eliminó la normativa que había impedido la participación de nuevas empresas salineras y se aprobaron modificaciones reglamentarias similares para el henequén, el ramo de cerillos y fósforos, así como la inversión en plantas textiles. En el orden general, una gran transformación significó la promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica, en la cual quedó amparado el establecimiento de la Comisión Federal de Competencia. En adelante ese organismo se encargaría de detectar y combatir las prácticas poco competitivas en cualquier ramo de la economía mexicana.[9]

Como ya se ha expresado, otra gran acción reformadora del régimen de Carlos Salinas de Gortari tuvo que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) a finales de 1993. Muy posiblemente, la idea de este acuerdo había venido madurándose desde los primeros años de dicha administración. En 1987 los gobiernos de México y los Estados Unidos ya habían suscrito un acuerdo que se denominó Marco de Referencia de Principios y Consultas sobre Relaciones de Comercio e Inversión. Aproximadamente dos años más tarde se firmó un instrumento que llevó por título Acuerdo para Facilitar las Pláticas Relativas a Inversión y Comercio.[10]

Las razones de México para buscar un tratado de comercio con los Estados Unidos y también con Canadá eran diversas. Una de ellas, muy evidente y general, era aplicar un golpe definitivo a la tradición de proteccionismo que había reinado en México por siglos. Ya en lo concreto se buscaba ofrecer un marco regulatorio más amplio para que las exportaciones mexicanas tuvieran acceso al mercado estadounidense. Una manera de ayudar a los exportadores actuales y potenciales, no fácilmente comprendida en forma amplia, sería facilitando la importación libre de insumos, lo cual permitiría a los productores fabricar a precios y calidades de competencia con el mercado exterior. Otra motivación fue impulsar la inversión en México, y en particular la inversión extranjera, ofreciendo a las empresas la posibilidad de aprovechar las ventajas de localización y la mano de obra accesible y abundante que existía en el país.

Un trance de muy intensa expectación se vivió en México cuando en octubre se votó en el Congreso de los Estados Unidos la aprobación o el rechazo del tlcan. A pesar de los temores Clinton y su administración cumplieron con eficacia sus tareas de cabildeo y el acuerdo fue aprobado con un margen que, si no cómodo, al menos dejó pocas dudas sobre el balance de las opiniones. El tratado entró en vigor en enero de 1994, y uno de sus resultados fue que aproximadamente la mitad de las tarifas arancelarias sobre importaciones quedaron eliminadas. Para el resto de los aranceles se determinó un calendario de reducción o eliminación que se extendía hasta principios del siguiente siglo. En cuanto a esto último, con prudencia, los negociadores del tlcan acordaron que la apertura comercial fuese gradual. Había que dar oportunidad a que las actividades económicas en ambos lados de la frontera, que habían disfrutado de protección por décadas, se fuesen adaptando paulatinamente a un ambiente comercial de mayor competencia a raíz de una disponibilidad creciente de importaciones. Se estableció un marco para el comercio trilateral México-Estados Unidos-Canadá bajo cuyo amparo se esperaba —como efectivamente ocurrió— que el comercio floreciera de manera importante.

Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos durante la época en que se suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se consiguió la autonomía para el Banco de México.

El proyecto para el Banco de México

La aspiración de obtener autonomía para el Banco de México había sido acariciada por todos los expertos en banca central y en política monetaria que habían prestado sus servicios en la institución. Ése fue, desde luego, el caso de Miguel Mancera, que se vinculó al instituto central desde 1958 en calidad de joven economista. Seguramente esa convicción arraigó en él durante su paso, como estudiante graduado, por la prestigiada Universidad de Yale, a la cual pudo matricularse gracias al apoyo de una beca que le fue concedida por el propio Banco de México. Posteriormente la carrera profesional de Mancera fue en ascenso continuo, habiendo sido designado sucesivamente director del Fondo para el Fomento de las Exportaciones Manufactureras, gerente de Internacional, subdirector, subdirector general y, finalmente, director general del Banco de México. Aunque el secretario de Hacienda, Pedro Aspe (1988-1994), nunca fue empleado del instituto central sí lo fue del fideicomiso Infratur y contaba con una formación en las materias de moneda, cambios y banca coincidente con las ideas que sostenían los expertos en política monetaria y era, por tanto, desde hacía mucho tiempo un convencido de las bondades de contar con un banco central autónomo.[11]

La posibilidad de plantear esa reforma en México dependía de la voluntad del presidente Carlos Salinas de Gortari. Sorpresivamente, sin mediar una intervención directa en ese sentido por parte del secretario Aspe ni de Miguel Mancera, el trabajo de cabildeo correspondiente fue realizado por otras personas fuera del país. El gran avance se logró en 1992 cuando, en su calidad de presidente de México, Salinas fue invitado a participar en el prestigiado Foro Mundial con sede en el pequeño centro alpino de Davos, en Suiza. En aquella oportunidad Salinas tuvo la fortuna de alternar con otros jefes de Estado y con varios académicos y escritores distinguidos. Previsiblemente, de ellos tomó la idea de que les debía conceder autonomía a los bancos centrales por los beneficios que de esa reforma estructural cabría esperar.

Resultó entonces muy afortunado que la idea de otorgarle autonomía al Banco de México proviniera del propio titular del Poder Ejecutivo. Mediante esa acción podría concluir en forma brillante el programa de reformas estructurales que hasta ese momento había instrumentado la administración de Salinas de Gortari. De plácemes Mancera y Aspe en virtud de la perspectiva de ese proyecto, el director general del Banco de México procedió a organizar la redacción de las iniciativas que habrían de culminar en la autonomía del Banco de México. La preparación de los documentos fue un trabajo de equipo bajo la dirección del propio director Mancera. Contribuyeron a esas labores varios funcionarios del instituto central a quienes se consultó o se les pidió colaboración. Para las tareas de redacción se formó un grupo de abogados, toda vez que se trataba de preparar iniciativas legislativas: lo integraron los abogados Francisco Borja Martínez, Roberto del Cueto Legaspi y Javier Arrigunaga Gómez del Campo. En adición se contó en algunos momentos con la asesoría del economista chileno Andrés Bianchi, que a la sazón fungía como presidente en el Banco Central de Chile.

En el método de trabajo ocupó un lugar importante la consulta y el análisis de las leyes orgánicas de los bancos centrales de otros países, a los que se les había otorgado autonomía. La investigación para identificar esas fuentes fue laboriosa pero también de gran interés. Así se fue recabando información que fue consultada con gran avidez por el grupo. Mediante ese esfuerzo de revisión se fue depurando la información acumulada. En las etapas finales dos referencias resultaron en lo específico fundamentales para el ejercicio: la Ley del Banco Central de Alemania (Deutsche Bundesbank) y la correspondiente al Banco Central de Chile, la cual había convocado mucho respeto entre los expertos del mundo. El caso del Bundesbank tenía como credenciales la fortaleza y el prestigio que convocaba dicha institución por su sobresaliente desempeño. En el caso del Banco Central de Chile los redactores de su ley orgánica y sus primeros administradores realizaron un trabajo de calidad excepcional, aprovechando las experiencias extranjeras que fueron estudiadas con gran cuidado.

Los contactos con el economista de nacionalidad chilena, Andrés Bianchi, merecen un comentario particular. Por un lado Bianchi y Miguel Mancera habían sido condiscípulos en un programa de posgrado en la Universidad de Yale y en el transcurso de esa experiencia surgió entre ellos, a la vez de una amistad sólida, una admiración intelectual recíproca. Bianchi conocía con mucha profundidad la experiencia por la cual se había llegado en su país natal a la autonomía del Banco Central. Detrás del proceso correspondiente hubo una evolución de naturaleza política que era propia de ese país sudamericano. En paralelo los detalles técnicos, operativos y doctrinales habían quedado recogidos en la Ley del Banco Central de Chile, mediante la cual se había otorgado autonomía a la institución y estaban disponibles para consulta, por parte de los ponentes involucrados en la tarea de preparar una reforma, en cierto sentido paralela, para el banco central de México. Bianchi estuvo siempre en la mejor disposición para ser consultado por los medios de comunicación al alcance en la época. Los apoyos que brindó resultaron invariablemente de gran valía para el proyecto mexicano.

El banquero central y economista de nacionalidad chilena, Andrés Bianchi, que brindó asesoría al grupo responsable de preparar el proyecto para otorgarle autonomía al Banco de México.

El proceso legislativo para otorgarle autonomía al Banco de México se concretó en dos etapas. La primera respondió al objetivo de que los fundamentos de esa reforma quedaran consignados en el propio texto de la Constitución. Jurídicamente esta tarea se facilitó debido a que en el artículo 28 de la Carta Magna ya había referencia a la emisión de billetes y a la acuñación de moneda como dos actividades exclusivas del Estado. La segunda mención a esta materia en el artículo 28 constitucional era en realidad obsoleta pues se refería a una institución que, cuando se promulgó la Carta Magna, estaba por crearse —el banco único de emisión—. Ese pasaje de la mencionada disposición constitucional quedó anacrónico a partir del establecimiento del Banco de México, en 1925. Acto seguido, el grupo ponente debía preparar un proyecto para la nueva ley del Banco de México que resultara congruente con el estatus de autonomía que se le deseaba otorgar.

El grupo de trabajo concluyó el proyecto de decreto para la reforma constitucional, así como el proyecto de ley para el Banco de México. Ambos documentos fueron enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito para su revisión y en caso de que resultara necesario iniciar una ronda de consultas y correcciones. Algunos funcionarios de esta dependencia de alta jerarquía revisaron los proyectos con minuciosidad pero en el proceso prácticamente no surgieron objeciones o propuestas de enmienda que resultaran significativas. A continuación, la etapa que siguió fue esa misma revisión por parte del Jurídico de la Presidencia de la República. Esta dependencia la encabezaba el abogado Rubén Valdez Abascal con quien, en sesiones maratónicas, el director general Mancera repasó con gran minuciosidad cada uno de los artículos de ambas propuestas. Se trataba de un jurisconsulto avezado provisto de gran agudeza para descubrir en un ordenamiento legal la más mínima fisura. Ese proceso de revisión no sólo resultó inmensamente útil sino también muy aleccionador. Después de pasar por esa aduana el licenciado Mancera y el resto de los ponentes tuvieron mayor confianza en las iniciativas cuyos proyectos habían redactado.

Miguel Mancera Aguayo, director general del Banco de México (1982-1994) y Gobernador de la institución de abril de ese último año a 1997.

Los proyectos que fueron entregados para su revisión a la Secretaría de Hacienda y posteriormente al Departamento Jurídico de la Presidencia no resultaron exactamente iguales a los que finalmente se enviaron al Congreso. Aparte de cuestiones de redacción menores, había una disposición que no subsistió en las iniciativas definitivas. Esta disposición, que en el Banco de México se consideraba de mucha importancia, fue en relación a concederle autonomía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De cualquier manera, a pesar de esa salvedad, en los proyectos definitivos subsistieron la totalidad de los principios fundamentales que se incorporaron en las propuestas originales.

La autonomía que otorgaron al Banco de México, las reformas legislativas de 1993, quedó fincada sobre bases particularmente firmes. Así, México fue el único país del mundo en el cual la independencia del banco central quedó consignada en el propio texto constitucional. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional se incluyó un recuento bastante pormenorizado sobre los males que causa la inflación al crecimiento económico, al proceso de intermediación financiera, a la generación de ahorro, a los resultados de los acuerdos —contratos— que se suscriben con una implicación económica, y a la distribución del ingreso en la economía nacional. Todos los efectos adversos que provoca la inflación se pudieron constatar en la experiencia de los países que habían sufrido el flagelo inflacionario. También en México se había sufrido esas consecuencias perjudiciales durante las épocas alcistas. La erradicación del fenómeno inflacionario era difícil de lograr y requería de la satisfacción de varias precondiciones, entre ellas una situación fiscal sólida. “Sin un prudente manejo fiscal no puede haber estabilidad duradera.” Había que ofrecerle a la sociedad la mejor garantía posible contra el eventual surgimiento de nuevos episodios de inflación y para ello se requería de una reforma legislativa a fin de que el Banco de México contara con una autonomía robusta. “Así procuraremos a la Nación protección permanente contra políticas económicas inflacionarias.”[12]

La existencia de un banco central con el mandato de procurar, sobre cualquier otra finalidad, la estabilidad de los precios, permite contar con una institución dentro del Estado comprometida en el lago plazo con ese objetivo. En este sentido, el banco central podría actuar como contrapeso de la administración pública, respecto de actos que puedan propiciar situaciones inflacionarias. Pero también podría actuar como contrapeso de los particulares, cuando éstos consideren emprender acciones conducentes al aumento de los precios o de los costos, con la expectativa de que las autoridades llevaran a cabo una expansión monetaria suficiente para acomodar el aumento.[13]

¿En qué forma quedó incorporada, en el artículo 28 constitucional, la autonomía del Banco de México? El elemento básico se aportó en un nuevo párrafo que se adicionó a esa disposición y en el cual quedó establecido lo siguiente: “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración”. Inmediatamente después se añadió el objetivo prioritario a que debería responder, en su estatus reformado, el Banco de México: “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”. Con la determinación de que ese objetivo prioritario ofrecía una medida específica para evaluar el desempeño del banco central: el comportamiento estable del nivel general de precios. Si el banco central debía “cumplir con varios objetivos de igual rango, podría justificar el cumplimiento insatisfactorio de alguno de ellos aduciendo los esfuerzos para satisfacer otra finalidad”. Asimismo, en caso de que al banco central se le asignaran varias finalidades “podría cambiar bruscamente su actuación en función del fin que en determinado momento considerara prioritario”. En contraste, con un objetivo primordial claramente establecido, la política monetaria se tornaría más predecible “facilitando las decisiones de los participantes en la economía”.[14]

El jurisconsulto Francisco Borja Martínez, integrante del grupo que redactó la iniciativa mediante la cual se concedió autonomía al Banco de México. El trámite legislativo implicó dos pasos: primero, la reforma del artículo 28 constitucional y, posteriormente, la promulgación de una nueva ley para el instituto central.

De esta forma, dada la definición del concepto y establecido el objetivo prioritario, lo que siguió fue la determinación de las precondiciones que tendrían que satisfacerse para hacer efectiva la autonomía del banco central. Una primera y fundamental, era la facultad con que debía contar el banco central para determinar en exclusiva el monto y el manejo de su propio crédito “definido en el concepto más amplio”. Para tal fin fue necesario que quedara incorporado en el propio texto constitucional que ninguna autoridad podría ordenarle al banco central conceder financiamiento; “es decir, otorgar crédito por cualquier medio o adquirir valores”. Es claro que sin esta última salvaguarda “la estabilidad de precios, criterio rector para la actuación del banco central, se pondría un grave riesgo”. Asimismo, en el propio texto constitucional quedaron contempladas las bases para que el Banco de México estuviera en posibilidad de expedir regulaciones en lo relativo a la intermediación y los servicios financieros, “contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo esa regulación y proveer a su observación”.

Última sesión que celebrara en su historia el órgano directivo antecesor a la Junta de Gobierno de la etapa de la autonomía. Sentados de izquierda a derecha aparecen: Guillermo Prieto Fortún, Guillermo Ortiz, Miguel Mancera Aguayo, Pedro Aspe, Antonio Ortiz Mena y Emilio Gutiérrez Moller.

Otro factor determinante para hacer efectiva la autonomía que se deseaba otorgar al Banco de México fue el procedimiento que se aprobó para nombrar, y remover, a las personas a cuyo cargo estaría la conducción de la organización. Tal era la importancia de ese asunto que los elementos esenciales de las fórmulas correspondientes también quedaron plasmados en el texto del artículo 28 constitucional. En cuanto a la designación de estos funcionarios, su nombramiento correspondería al Presidente de la República con la aprobación del Senado y, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Igualmente, a manera de protección para la autonomía, los integrantes del órgano directivo del Banco de México, según quedara definido éste en su ley, únicamente podrían ser removidos de sus cargos mediando la comisión de faltas graves. Como refuerzo a las disposiciones mencionadas, los funcionarios aludidos serían nombrados para periodos relativamente prolongados, mismos que estarían convenientemente escalonados, a fin de que la renovación del órgano directivo fuese gradual en todas las circunstancias.

Otras dos modificaciones de importancia se incorporaron en el decreto de reforma de la Constitución mediante el cual se otorgó autonomía al Banco de México. Por consideraciones de técnica jurídica habría que adaptar el nuevo estatus legal de la institución al sistema de derecho laboral que tenía fundamento en el artículo 123 de la Constitución. Por esa razón, mediante el decreto aludido, se agregó una fracción al artículo 123 según la cual, junto con las demás entidades de la administración pública federal que formaran parte del sistema bancario mexicano, el Banco de México regiría sus relaciones laborales con sus trabajadores dentro del apartado B de esa importante disposición constitucional. La modificación de la fracción X del artículo 73 de la Carta Magna también respondió a la finalidad anterior, señalándose al respecto que el Congreso de la Unión tendría facultades para expedir “las leyes reglamentarias del artículo 123” que sean requeridas para las instituciones que formen parte del sector de la “intermediación y servicios financieros”.

La Junta de Gobierno del Banco de México después de otorgada la autonomía: de izquierda a derecha, Francisco Gil, Miguel Mancera, Javier Arrigunaga (Secretario), Guillermo Prieto Fortún, Ariel Buira, Guillermo Ortíz (Subsecretario de Hacienda), Pedro Aspe (Secretario de Hacienda) y Jesús Marcos.

La ley del Banco de México fue promulgada en diciembre de 1993. En la exposición de motivos y en el capitulado de este ordenamiento quedaron incorporados los fundamentos de la autonomía que se le deseaba otorgar a la institución. De ahí que en el primer párrafo del artículo 1° se consignara con toda precisión: “El banco central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México”. Otro aspecto fundamental fue la distinción que se incorporó en la ley entre la finalidad del Banco de México y sus objetivos. La finalidad quedó establecida como la obligación “de proveer a la economía de moneda nacional”. En cuanto a los objetivos, ya se ha visto que el prioritario fue “procurar la estabilidad del poder adquisitivo” de la moneda nacional o, en palabras menos técnicas, que México viviese en un entorno de precios estables, que permitiesen planear, ahorrar, forjar un patrimonio, obtener créditos y honrar su servicio sin sobresaltos ni incurrir en quebrantos familiares o empresariales. En complemento, en ese ordenamiento también quedaron precisadas otras dos finalidades para el Banco de México: “promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos”.

Como quedó establecido en el texto constitucional, debe ser atributo esencial de un banco central autónomo su capacidad para determinar en forma exclusiva el monto y manejo de su propio crédito. Este principio debía aplicarse a la totalidad de las operaciones a realizar por parte del banco central, pero tenía una trascendencia particular con el crédito a otorgar en favor del gobierno federal. La causa primaria de los procesos inflacionarios sufridos en México y en otros países fue el financiamiento, por parte de la banca central, de déficit fiscal de magnitud importante. Por esa razón en la nueva Ley del Banco de México de 1993 se dio un tratamiento muy cuidadoso y completo a esta materia. En relación con el crédito al gobierno la ley acordó que sólo podría concederse por un monto limitado mediante el ejercicio de la cuenta corriente que suele llevarle el banco central. Así, según el artículo 12, fracción IV, el saldo deudor de la cuenta de la Tesorería no debe exceder un límite equivalente a 1.5 por ciento de las erogaciones del propio gobierno previstas en el presupuesto de egresos de la federación, con algunas salvedades relativas al servicio de la deuda pública interna.

Pero, a fin de evitar que el referido financiamiento pueda traducirse en expansión monetaria excesiva, se ha dispuesto también que si el saldo deudor de esa cuenta rebasa el límite fijado, el Banco coloque valores a cargo y por cuenta de aquél. Como podrá observarse, esta fórmula facilita el manejo de la Tesorería del Gobierno Federal, pero impide que el crédito del Banco Central se constituya en instrumento para financiar de manera inflacionaria los déficit de las finanzas públicas.[15]

En adición a las muy importantes fórmulas anteriores, el legislador tuvo la precaución de que quedaran cerradas en la ley todas las posibles fisuras por las cuales pudieran filtrarse operaciones cuyo destino último fuese el otorgamiento de crédito adicional al gobierno federal. Una disposición en ese sentido que se conservó de la ley de 1985 fue la prohibición al Banco de México para adquirir directamente del gobierno federal valores a su cargo. En ese mismo sentido, en la ley también se incorporaron otras disposiciones para evitar que el Banco de México tuviera que verse con frecuencia en el caso de tener que colocar valores a cargo y por cuenta del gobierno federal. Asimismo, quedó establecido que, con cargo a la cuenta de la Tesorería de la Federación, no pudieran librarse cheques ni otros documentos a favor de terceros.

Una materia muy importante con fuertes conexiones con la política monetaria —y por ese medio con la finalidad de “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”— fue la relativa a la política cambiaria. En la ley se estableció que la determinación de la política cambiaria quedaría a cargo de una comisión en la cual (aun cuando el banco central tendría voz y voto), en última instancia, las decisiones corresponderían al gobierno federal por el voto de calidad que le correspondería al secretario de Hacienda. El gran peligro potencial residía en que se acordara un nivel o un comportamiento para el tipo de cambio que obligara al banco central a una acumulación muy cuantiosa y continua de reservas internacionales mediante la emisión —también cuantiosa y continua—, de signos circulantes. De ahí la disposición que se incluyó en la ley, a fin de que:

con objeto de que las resoluciones que se adopten en materia cambiaria no impidan al Banco Central cumplir con su objetivo prioritario, la Institución podría compensar el aumento de la base monetaria resultante de las adquisiciones de divisas que efectuara en cumplimiento de las directrices de la Comisión de Cambios, mediante la colocación y en su caso emisión de valores a cargo del Gobierno Federal.[16]

El otro elemento fundamental en cuanto a la protección de la autonomía del Banco de México fue el relativo a la integración, la renovación y el funcionamiento del órgano encargado de conducir sus destinos. En el texto constitucional únicamente había quedado definido el procedimiento para designar a las personas que se encargarían de esa responsabilidad directiva, a que sus periodos de gestión deberían estar escalonados y a su inamovilidad salvo causas graves. Las precisiones en esa materia fueron aportadas en la Ley de 1993, por cuyo articulado se creó la Junta de Gobierno y también las figuras de gobernador y cuatro subgobernadores. El periodo para el gobernador sería de seis años, iniciaría a la mitad de un sexenio presidencial y concluiría a los tres años del siguiente. Las periodos de los subgobernadores serían de ocho años y habría un reemplazo o redesignación de dichos funcionarios cada dos años. A ese respecto se señaló en la exposición de motivos:

El número de miembros de la Junta de Gobierno se considera adecuado porque uno menor no daría suficientes puntos de vista para el análisis de materias tan complejas como las encomendadas al Banco Central en tanto que uno mayor dificultaría la toma de decisiones. Por otra parte, cabe señalar que las denominaciones de gobernador y subgobernador son propias de la tradición de los bancos centrales.[17]

Otras reglas respecto a la Junta de Gobierno resultaron también cruciales. Una de ellas fue que todas las decisiones se habrían de tomar por votación y el voto del gobernador tendría el mismo valor que el del resto de los integrantes. Elemento también muy importante fueron los requisitos que se establecieron para que una persona se considere elegible para integrar la Junta de Gobierno. Éstos respondían a la intención de “lograr un elevado nivel técnico y profesional” en el funcionamiento de ese órgano colegiado. Las personas elegibles para los cargos de gobernador y subgobernador deberían gozar de reconocida competencia en cuestiones monetarias, así como haber desempeñado, por lo menos durante cinco años, “cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera”. Quedaron exceptuados de los requisitos anteriores dos de los subgobernadores de la Junta de Gobierno para “casos de profesionales muy distinguidos en materia económica, financiera o jurídica”. Muy importante resulta agregar que todas esas disposiciones han resultado en que el Banco de México tenga un gobierno auténticamente colegiado. “En vista de la complejidad de los fenómenos monetarios y de la importancia de tomar medidas acertadas en la materia, es conveniente que las acciones sustantivas del Banco queden a decisión de la Junta de Gobierno. Procede también que las resoluciones de mayor importancia en materia administrativa correspondan a dicho órgano.”[18]

Fundamentos de la autonomía

Las razones para proponer que se le concediese autonomía al Banco de México quedaron enunciadas en los discursos que pronunció el director general Miguel Mancera durante los años anteriores al proyecto de autonomía, y también en la exposición de motivos del decreto de reforma constitucional para modificar los artículos 28, 73 y 123. La autonomía evita los incentivos que tiene el gobierno federal para financiarse, directa o indirectamente, con la emisión de dinero.[19] Si un banco central autónomo contribuía a reducir la posibilidad de que se produjesen episodios de inflación, la conveniencia pública de contar con ese arreglo institucional resultaba indiscutible. Una tesis muy reiterada por Mancera en sus intervenciones públicas fue siempre que la estabilidad de precios no era un fin en sí mismo, sino una precondición indispensable para conseguir un crecimiento sostenible dentro del cual los frutos del progreso se pudieran distribuir ampliamente entre la población. Por lo contrario, esos fines se volvían inalcanzables en un ambiente inflacionario. En la experiencia de México era posible constatar que los periodos de inflación más aguda habían estado marcados por un menor crecimiento y también por una concentración del ingreso más intensa.

Los efectos perjudiciales de la inflación saltan a la vista cuando existen alzas continuas y generalizadas de los precios, pero hay otros efectos menos visibles pero igualmente perniciosos. Veamos: si los precios en su totalidad se elevan al mismo tiempo y en la misma proporción, podría parecer que bastaría con indizar los ingresos (por ejemplo, los salarios) a ese ritmo de crecimiento para amortiguar los efectos de la inflación. Sin embargo, la inflación no se comporta de esa manera ordenada y previsible; por el contrario, además de tener un efecto de alza sobre la generalidad del sistema de precios, dicho efecto es desordenado, prácticamente imprevisible y sumamente volátil, esto es: en un entorno de alta inflación los agentes económicos no pueden distinguir con exactitud los cambios en los precios relativos (los cambios entre unos precios y otros, su magnitud y su ocurrencia) lo que además de alimentar una tendencia al alza generalizada (como supuesta protección ante la inflación venidera) propicia asignaciones cada vez más erráticas de los recursos, generando mayor pobreza y desperdicio de recursos. En suma, esa volatilidad deteriora gravemente la eficacia del sistema de precios como mecanismo de orientación para guiar la asignación de los recursos productivos. Habiendo inflación se complica de manera importante la posibilidad de tomar decisiones apropiadas de inversión, con lo que la rentabilidad de los proyectos suele resultar sensiblemente distinta de la originalmente planeada. Con inflación la función implícita en todo proyecto de inversión relativa a la evaluación de los ingresos y costos probables se dificulta enormemente, y hasta se hace imposible si el ritmo de crecimiento de los precios es elevado.

La inflación, en suma, dificulta las decisiones de inversión y también las de ahorro. Durante las fases iniciales de todo proceso inflacionario las tasas de interés reales suelen volverse negativas causando grave perjuicio a los ahorradores que han decidido mantener sus ahorros en activos denominados en moneda nacional. Pero la situación de ilusión monetaria descrita es siempre transitoria. Pronto los agentes económicos caen en la cuenta no sólo de que las tasas de interés reales son negativas sino que también los riesgos por mantener sus ahorros en moneda nacional resultan demasiado elevados. Esto último no sólo en razón de que la inflación puede acelerarse abruptamente anulando el rendimiento real ofrecido a las inversiones financieras, sino por la posibilidad de una modificación intempestiva del tipo de cambio que resulte en una reducción drástica del principal expresado en moneda extranjera. Esos peligros dan lugar a que los ahorradores empiecen a exigir un premio o una recompensa por conservar sus ahorros en la moneda local, premio que necesariamente se traslada a las tasas activas de los créditos y que resulta en una reducción del financiamiento para proyectos de inversión o para la adquisición de bienes inmuebles o de consumo durable.

Con inflación también sucede que los resultados de los contratos suelen diferir de las intenciones de las partes al momento de suscribir los acuerdos. Obviamente, la incidencia de este efecto crece en forma directa a la intensidad del proceso alcista. Antes que nada cabe señalar la inequidad que se provoca en estos casos, perjudicando o beneficiando de manera errática ya sea a acreedores o a deudores. También en este ámbito pronto los agentes económicos caen en la cuenta de las distorsiones que provoca la inflación y reaccionan para protegerse. Una posibilidad en este último sentido consiste en acortar lo más posible los plazos de los contratos, resultando de esa práctica una elevación muy dañina de los costos de transacción.

Particularmente dañinas son las consecuencias de la inflación sobre la intermediación crediticia. El ambiente inflacionario exacerba el riesgo de los créditos en razón de la incertidumbre que genera en los proyectos de inversión. Otro factor es que con inflación las tasas de interés nominales tienden a elevarse debido al componente inflacionario que se incorpora en ellas. Dicho componente inflacionario es la cantidad que los deudores deben resarcir a los acreedores en compensación por el deterioro que sufre el valor del principal de la operación crediticia debido a que existe inflación. La consecuencia para la parte deudora es que ese componente inflacionario da lugar a una amortización anticipada de los créditos, si se les ve en términos reales. Como resulta lógico, esa amortización anticipada se acelera en razón directa a la intensidad de la inflación y al tamaño relativo del componente inflacionario. En consecuencia en la intermediación crediticia la parte deudora resulta agredida por el efecto concurrente de dos fuerzas dañinas. La primera, por la aplicación de tasas de interés reales más elevadas que las que prevalecerían en un ambiente de estabilidad. La segunda, por la amortización anticipada y no planeada de los créditos a que ya se hizo referencia.

El gobernador Miguel Mancera Aguayo y su sucesor en ese cargo, Guillermo Ortiz Martínez.

El desaliento de los proyectos de inversión a que da lugar la inflación no es observable directamente en ningún indicador económico. En contrario, si ha podido constatarse empíricamente que habiendo presiones alcistas las tasas de interés nominales incluyen un premio que suele incrementarse en forma directa con la intensidad del proceso inflacionario. Lo que cabe esperar por esos efectos es una reducción de las operaciones de crédito de plazos medio y largo. Esta última ha sido una realidad fácilmente comprobable durante las fases alcistas. Así, “en épocas inflacionarias, el crédito inmobiliario y, en general, el crédito de largo plazo suelen desaparecer del sistema financiero, a menos que se tomen ciertas medidas ingeniosas que permitan dar a los financiamientos un perfil de amortización real semejante al que tendrían en épocas de estabilidad”.[20]

Finalmente las épocas de inflación son campo propicio para que se desarrollen distorsiones económicas adicionales. El aumento continuo de los precios provoca mucha incomodidad entre la ciudadanía y las protestan muerden sobre las autoridades, quienes se sienten forzadas a intentar medidas de control que invariablemente resultan no sólo ineficaces sino dañinas. La realidad es que los controles de precios únicamente provocan escasez de bienes y servicios, así como la formación de mercados negros o clandestinos y, a la larga, la inhibición de la oferta. Sin embargo, el clamor público puede ser imposible de resistir. Para rematar, otro de los agravantes que pesan sobre la inflación es la propensión que tiene a acelerarse una vez que se ha arraigado. Así, toda vez que “los consecuencias adversas de la inflación tienden a crecer más rápidamente que la inflación misma, con gran facilidad puede llegarse a una situación crítica”.[21]

Una vez promulgada la nueva ley orgánica del Banco de México el paso que siguió fue la integración de la Junta de Gobierno para que empezara a operar bajo un entorno legal diferente. Ya se ha visto que para ocupar el cargo de gobernador se nombró al licenciado Miguel Mancera quien venía desempeñándose como director general desde diciembre de 1982. De la designación de los cuatro subgobernadores iniciales cabe hacer dos observaciones. La primera, de orden operativo, que para dar lugar al establecimiento de periodos escalonados de ocho años con una separación entre cada uno de ellos de dos años, tres de los subgobernadores iniciales tendrían que cumplir con periodos truncos respectivos de nueve meses, dos y cuatro años. La segunda observación es que los cuatro funcionarios que fueron designados para fungir como subgobernadores cumplían de manera amplia los requisitos planteados en la ley respecto a edad, a “gozar de reconocida competencia en materia monetaria” y en cuanto a haber “ocupado durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismo o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera” (artículo 39, fracciones I y II).

Con significación protocolaria el órgano de gobierno del Banco de México, integrado de acuerdo con la Ley Orgánica de 1985, celebró su última sesión de clausura el 12 de marzo de 1994. La designación oficial de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, entre ellos los subgobernadores Francisco Gil Díaz, Ariel Buira, Jesús Marcos Yacamán y Guillermo Prieto Fortún, había sido anunciada por el presidente Salinas de Gortari apenas el día anterior. La revista Enlace, órgano informativo de los empleados del instituto central, publicó un reportaje ilustrado de esa última sesión del 12 de marzo. Según la nota, tomaron la palabra en ese acto Miguel Mancera y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe. En su intervención, Mancera elogió la actuación de los integrantes de ese órgano colegiado y agregó que ésta quedaría “referida en los archivos de la institución, los cuales seguramente constituirán una fuente de muy particular relevancia para la historia del banco central”. Por su parte, el secretario Aspe hizo alusión a la importancia que tendría para el futuro de México la autonomía recién conferida al Banco de México y señaló que ésta había sido posible, en muy considerable medida, “por la calidad de los funcionarios del Banco y, de manera muy significativa, por el reconocido prestigio de su director general, licenciado Miguel Mancera”.[22]

Francisco Gil Díaz, destacado funcionario que ocupó sucesivamente los siguientes cargos públicos: subsecretario de Ingresos, subgobernador del Banco de México y, posteriormente, secretario de Hacienda.

Aunque su nombramiento duraría tan sólo hasta diciembre de 1994, cabe recordar la semblanza de Guillermo Prieto quien formó parte de esa integración inicial de la Junta de Gobierno del Banco de México. En cuanto a escolaridad, este funcionario obtuvo la licenciatura en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego de iniciar su carrera como funcionario público en 1955, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, Prieto Fortún laboró en la Secretaría de Industria y Comercio, en la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya como un profesionista experimentado, la gran oportunidad de desarrollo se le presentó en 1976 cuando regresó a la Secretaría de Hacienda en calidad de director general de Administración Fiscal Central, de donde fue ascendido a subsecretario de Ingresos, cargo que ocupó durante ocho años. Su designación como subgobernador se produjo a principios de 1994, después de haber presidido la Comisión Nacional Bancaria de 1989. Por su parte, también Ariel Buira, con estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad de Manchester, Inglaterra, había tenido una carrera profesional distinguida antes de ser designado subgobernador. Su vinculación al Banco de México se remonta al año 1975 y una etapa particularmente brillante de su trayectoria tuvo verificativo cuando fue nombrado director alterno y luego ejecutivo ante el Fondo Monetario Internacional en la silla representativa de México y otros siete países afiliados. Ya de regreso en el Banco de México prestó sus servicios en la Dirección de Organismos y Acuerdos la cual llegó a encabezar de 1985 a inicios de 1994.[23]

Originario de la ciudad de Monterrey, Jesús Marcos Yacamán obtuvo la licenciatura en economía por la Universidad de Nuevo León. Posteriormente obtuvo el doctorado en la prestigiada Universidad de Columbia con sede en Nueva York. En el orden laboral su carrera su inició en el Centro de Investigaciones Económicas de su alma máter, del que llegó a ser director. El ingreso de Marcos Yacamán al Banco de México se produjo en 1976, para continuar con una trayectoria de continuos ascensos. Antes de ser designado subgobernador se había desempeñado sucesivamente como subgerente de Organización y Análisis del Sistema Bancario, gerente de Información Financiera, subdirector y director de Programación Financiera y, de 1988 a 1994, como director de Investigación Económica.

Igualmente brillante ha sido la carrera académica y laboral de Francisco Gil Díaz, quien después de realizar estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México obtuvo los grados de maestría y doctorado en economía en la Universidad de Chicago. Después de iniciar su carrera profesional en el Banco de México pasó a la Secretaría de Hacienda, en la que llegó a ser titular de la Dirección General de Política de Ingresos. De regreso en el Instituto Central fungió como director de Investigación Económica y de ahí pasó a ser subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es una fortuna que al menos tres de los integrantes del grupo al que se encomendó la redacción de las iniciativas para otorgar autonomía al Banco de México hayan dejado testimonios escritos consignando su opinión sobre tan trascendental reforma institucional.[24] En cuanto al líder de este proceso, Miguel Mancera, particularmente relevante fue una presentación que hizo sobre dicha materia ante la Sociedad de Exalumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la cual el funcionario expuso su metáfora, que después adquiriría celebridad, en la que equiparó a la autonomía del instituto central con un trípode. El primero de los apoyos de ese trípode era la facultad conferida al Banco de México para determinar en exclusiva el volumen del crédito primario. El segundo pie, de igual importancia, era el régimen de designación y permanencia de los funcionarios que, como miembros de la Junta de Gobierno, estarían encargados de la conducción de la política monetaria. El tercer pie, que sin soportar tanto peso fue de cualquier manera necesario, consistía en la libertad que garantizaba la ley a la institución en lo relativo a su administración interna.[25]

A continuación, Mancera le explicó a su atento auditorio la razón de ser de cada uno de los pies del trípode. En caso de que no se le asegurase al banco central el manejo exclusivo del crédito primario y, por tanto, un control efectivo sobre el comportamiento de la oferta de dinero, sería imposible que pudiera conseguir el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Al respecto, conviene recordar la muy especial relación que existe entre el crédito del banco central y los movimientos del nivel general de precios. Tal relación se da porque el instituto emisor, a diferencia de los intermediarios financieros, dispone de la singular facultad de poder otorgar crédito ilimitadamente sin tener que captar los recursos respectivos. Ello significa que el banco central puede aumentar el poder de compra en la economía, aun en el caso de que nadie produzca más. Pero bien se sabe que cuando el poder de compra crece más rápidamente que la producción, los precios tienden a elevarse. De ahí que el atinado manejo del crédito del mencionado instituto sea crucial para procurar la estabilidad del nivel general de los precios.[26]

Respecto al segundo pie del trípode conformado por la Junta de Gobierno, Mancera le explicó a su audiencia todas las precauciones que fueron incorporadas a la ley con el fin de garantizar la independencia de ese cuerpo colegiado y sus integrantes, además de procurar una actuación fundada en altos niveles de calidad técnica y experiencia profesional. Acto seguido, el disertante abundó sobre la razón de ser para el tercer pie del trípode. Así, la independencia administrativa del Banco de México debía interpretarse “como una medida para proteger a la institución contra presiones de otras autoridades”. A manera de ejemplo hipotético, el instituto central podía ser obligado a actuar en forma distinta de su voluntad en caso de que se le restringiese severamente su presupuesto de operación. Desde luego, la protección descrita no debía interpretarse como una libertad irrestricta de sus autoridades para administrar el instituto central. Por tanto en la ley del Banco de México quedaron especificados los procedimientos para determinar el presupuesto y las labores de auditoría, además de todo lo relativo a la muy importante materia de la rendición de cuentas al Congreso y a la sociedad.

La autonomía otorgada al Banco de México, comentó Mancera, era un buen dique contra la posibilidad de oleadas futuras de inflación. Lo era en la medida en que estaba dirigida a evitar las causas que producen el fenómeno inflacionario y no tan sólo sus síntomas. La autonomía del banco central era vacuna eficaz contra la posibilidad de inflación debido a que “evitaba el abuso del crédito del instituto emisor”. Así, para contar con una política permanente y eficaz de lucha contra la fuerzas de la inflación, resultaba clara la conveniencia “de separar la función de crear dinero de otras tareas del Estado, en las que continuamente se enfrentan demandas reiteradas para aumentar el gasto”. Luego de esta explicación el director Mancera entró directamente al campo del debate monetario:

No obstante los notorios daños infligidos por la inflación, hay quienes están dispuestos a tolerarla y quienes incluso la sugieren como un medio de, supuestamente, acelerar el desarrollo económico. Quizá unos adopten tales posiciones por falta de suficiente información. Otros, posiblemente por mala fe: no olvidemos la afirmación atribuida a Lenin, en el sentido de que la fórmula más eficaz para destruir al sistema capitalista es corromper su moneda.[27]

Otra publicación de Miguel Mancera digna de recordarse en esta crónica tenía que ver con su participación en calidad de comentarista en un simposio que se organizó para conmemorar los 300 años del Banco de Inglaterra.[28] Como parte del programa los organizadores le pidieron a Mancera que aportara un comentario sobre un ensayo muy completo escrito por el prestigiado economista Stanley Fischer (entonces ya separado del Fondo Monetario Internacional y de regreso en el mit como profesor) sobre el tema de la banca central. Mancera respondió al texto de Fischer con la presentación y el análisis de las siete lecciones fundamentales que a juicio de ese economista podían aplicarse para comprobar la fortaleza de la autonomía de un banco central moderno. La coartada del comentario consistió en ilustrar cada una de dichas lecciones con la experiencia reciente de México a partir de la autonomía que el país le había otorgado a su banco central.

El economista Stanley Fischer, destacado académico de la Universidad de Harvard y alto funcionario del Fondo Monetario Internacional en el periodo de 1994 a 2001.

La primera lección de Fischer se refería a si el banco central contaba con un mandato definido con precisión en cuanto a la estabilidad de precios. Al respecto el gobernador Mancera explicó que, en el caso del Banco de México, a la estabilidad de precios se le había concedido el carácter de prioritaria. Acto seguido agregó que un mandato en ese sentido le daba claridad a la operación del banco central y también protección contra la posibilidad de ser obligado, o llevado por las circunstancias, a aplicar una política expansionista. En su ensayo Stanley Fischer se refiere a esta posibilidad aludiendo a una eventual aceptación por parte del banco central de la existencia de una curva de Phillips de corto plazo. A juicio del comentarista, la prioridad otorgada a la estabilidad de precios disminuye la posibilidad de que implícitamente se entienda que el banco central valida la existencia de una relación estable en el corto plazo entre mayor inflación y menos desempleo y que, además, acepta la posibilidad de usufructuarla por razones de orden político. Abundando sobre el tema el gobernador Mancera señaló que incluso “en algunos países, como México, esa relación inversa de corto plazo puede no existir, salvo, desafortunadamente, cuando el traslado sobre la curva se realiza en la dirección sud-este”. Es decir, se acepta mayor inflación a cambio de una disminución transitoria del desempleo.

La segunda lección de Fischer —“el banco central debe informar sobre sus objetivos intermedios”— resultó de fácil y concisa respuesta para el gobernador Mancera. Pero la tercera lección —“¿debe el banco central rendir cuentas sobre la consecución de sus metas y la explicación de sus políticas al público y a la legislatura?”— requirió una explicación más pormenorizada. Respecto a la información sobre los objetivos intermedios de la política monetaria el gobernador Mancera explicó que la Ley del Banco de México no obliga a difundir esa información, pero agregó que independientemente de las obligaciones legales de divulgación es acertado para un banco central dar a conocer toda la información posible, debido a que una política semejante contribuye a reducir la incertidumbre respecto al comportamiento futuro del nivel de precios. Respecto a la rendición de cuentas la tesis general fue que es indispensable conciliar ese imperativo con la autonomía del banco central. Desde luego, la rendición de cuentas se fortalece cuando tiene prioridad el mandato de alcanzar la estabilidad de precios. En relación con el Banco de México el gobernador Mancera explicó que, además de la facultad que tiene el Congreso para convocar en cualquier momento la comparecencia del gobernador, la institución publica anualmente varios documentos clave: el programa de política monetaria y dos reportes semestrales de política monetaria, además de su tradicional Informe anual.

La cuarta lección planteada por Fischer era particularmente retadora para el caso del banco central de un país como México, en donde se había padecido inflación “aguda y prolongada asociada de manera estrecha con déficit fiscales financiados parcialmente con el crédito del banco central”. Al respecto, Stanley Fischer pregunta en su ensayo: “¿Debe el gobierno tener facultades para revertir las decisiones de política monetaria acordadas por el banco central, aunque el ejercicio de esta facultad implique costos elevados al propio gobierno?”. Según el gobernador Mancera el otorgamiento de esa facultad sería menos ominoso en aquellos países donde existe un consenso social amplio en favor de la estabilidad de precios y también un acuerdo tácito entre el banco central y el gobierno respecto a la deseabilidad de mantener la inflación bajo control. Obviamente, si esa situación no era la prevaleciente dicha facultad abría la posibilidad de que algún actor político, con una agenda de corto plazo, posiblemente de carácter electoral, intentara aplicar una política monetaria expansionista. En el caso de México no existía en la ley del banco central esa facultad ni tampoco la posibilidad para remover de manera discrecional a los integrantes de la junta directiva.

Quinta lección de Fischer: “¿Debe el banco central tener capacidad para determinar las tasas de interés a las que opera, y manejar los instrumentos de política a su disposición a fin de alcanzar las metas de la política monetaria?”. Según Mancera esta prerrogativa, que en el lenguaje de Fischer correspondía a la “independencia instrumental” de la banca central, había sido garantizada al Banco de México tanto en el texto Constitucional como en su ley orgánica. Claramente, “el poder exclusivo concedido al banco central para manejar su propio crédito era un rasgo básico en la autonomía de la banca central”. El tema, como resulta obvio, estaba directamente vinculado con la sexta lección: “El banco central no debe ser obligado a financiar los déficit del gobierno y tampoco debe administrar la deuda pública”. En términos de Mancera este principio derivaba directamente de la independencia instrumental “esencial para la procuración de la estabilidad monetaria”. A juicio del comentarista la facultad para administrar la deuda pública en el carácter del banco central como agente financiero no implicaba problema. La relación delicada era en cuanto al crédito que pudiera concederle el banco central al gobierno. En ese sentido la ley en México era muy estricta: “El Banco de México puede conceder crédito al gobierno federal —aunque no tiene la obligación de hacerlo— hasta un límite equivalente a 1.5 del gasto presupuestal aprobado […] Se trata de un monto reducido, aproximadamente equivalente a un tercio de uno por ciento del pib […]”.

Por último, la respuesta a la séptima lección —“La responsabilidad para determinar las tasas de interés y el tipo de cambio debe estar separada en caso de prevalecer un régimen cambiario de flotación”— requirió una explicación cuidadosa de naturaleza técnica por parte del gobernador Mancera quien señaló que, efectivamente, la adopción de una banda cambiaria o de un tipo de cambio fijo imponía restricciones a la política monetaria. El Banco de México se encontraba en una situación más o menos intermedia entre un régimen de paridad fija y de flotación, debido a la existencia en el país, desde 1992, de un régimen de bandas de amplitud creciente. Si el tipo de cambio se encontraba permanentemente entre sus bandas equivalía prácticamente a una flotación. Sin embargo, en caso de no ocurrir de esa manera por presiones hacia la revaluación, su ley le ofrecía al Banco de México los instrumentos y facultades para esterilizar, a cargo del gobierno, una expansión monetaria excesiva proveniente de compras de divisas efectuadas, con el fin de que el tipo de cambio se mantuviera dentro del límite inferior de la regla cambiaria en vigor. La posibilidad de dicha esterilización respondía, por supuesto, a la finalidad de cumplir con la procuración de la estabilidad de precios.

El gobernador Mancera terminó su comentario señalando que la estabilidad de precios era la mejor contribución que podían hacer los bancos centrales para impulsar el desarrollo económico. “Un compromiso creíble del banco central con la estabilidad contribuye a la eficiencia económica, al crecimiento y a la equidad”. Sin embargo, existe siempre la amenaza de aquellos actores sociales que piensan que la curva de Phillips se cumple en el largo plazo, o que el banco central puede determinar discrecionalmente el nivel de las tasas de interés en todo momento. De ahí la obligación que tiene el banco central de ofrecer información, y educación sobre las bondades de la estabilidad de precios y la necesidad de explicar los límites a que está sujeta la política monetaria: qué puede lograr y qué no puede lograr un banco central.

Notas

La autonomía institucional

[1] Miguel de la Madrid Hurtado, Cambio de rumbo: testimonio de una Presidencia, 1982-1988, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 19.

[2] Pedro Aspe Armella, El camino mexicano de la transformación económica, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 183-184.

[3] Miguel Ángel Olea Sisniega, “Las negociaciones de adhesión de México al GATT”, en Foro Internacional, México, vol. 30, núm. 3, ene.-mar., 1990, pp. 497-535.

[4] Aspe Armella, op. cit., pp. 29-37.

[5] Banco de México, Informe Anual, 1993 p. 17, y 1994, p.2.

[6] Ibid., p. 113.

[7] Tomás Peñaloza Webb, “Apectos centrales de la banca mexicana, 1982-1990”, Banco Nacional de comercio exterior, vol. 42, núm. 2, mensual, febrero, 1992, pp. 107-118.

[8] Fernando Clavijo y Susana Valdivieso, Reformas estructurales y políticas, op. cit., p. 35-37.

[9] Ibid., pp. 38-40.

[10] M. Ángeles Villarreal, “Nafta and Mexican Economy”, Congressional Research, 3 de junio de 2010, pp. 1-2.

[11] Entrevista Miguel Mancera-etd, mayo de 2012.

[12] Exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada al H. Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal, p. 2.

[13] Exposición de motivos de la iniciativa, op. cit., p. 6.

[14] “Decreto por el que se reforman los artículo 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en Banco de México, Informe anual 1993, pp. 239-241.

[15] “Exposición de motivos de la iniciativa de Ley del Banco de México enviada al H. Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal”, en Banco de México, Informe anual 1993, p. 243.

[16] Ibid., p. 245.

[17] Ibid., pp. 246-427.

[18] Ibid., p. 248.

[19] “Exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía al Banco de México”, en Banco de México, Informe anual 1993, pp. 232-234.

[20] Miguel Mancera Aguayo, “La política monetaria en México”, Testimonios sobre la actuación de la banca central, edición del 40° Aniversario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1993, pp. 133-134.

[21] Ibid., p. 134.

[22] “Última reunión de la Junta de Gobierno”, Enlace, marzo de 1994, pp. 30-31.

[23] “Primera Junta de Gobierno”, Enlace, abril de 1994, sección Nombramientos.

[24] Javier “Ámbito internacional de la autonomía de los bancos centrales”, Autonomía del Banco de México y perspectivas de la intermediación financiera, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1994, pp. 9-23; y Francisco Borja Martínez, “Reforma constitucional para dotar de la autonomía al Banco de México”, Autonomía del Banco de México, op. cit., pp. 25-35.

[25] Palabras del licenciado Miguel Mancera, director general del Banco de México, en ocasión del Seminario Política Económica de México para 1994, organizado por la Asociación Nacional de Exalumnos del itam, pp. 1-6.

[26] Ibid., p. 2.

[27] Ibid., p. 5.

[28] En Forrest Capie et. al., The Future of Central Banking. The Tercentenary Symposium of the Bank of England, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 315-322.

Autonomía de la Banca Central en México

Visión histórica

Tomos de la obra

1. La Banca Central del Mundo
Incluye presentación y prólogo

2. México: antecedentes de la autonomía

3. Visiones concurrentes

4. Ecos del exterior

5. La autonomía institucional

6. Despegue difícil

7. Estabilización sin precedentes
Incluye fuentes consultadas

Table of Contents

- La autonomía institucional

- Reformas hacia el mercado
- El proyecto para el Banco de México
- Fundamentos de la autonomía
- Notas